miércoles, 27 de noviembre de 2013

Alcalde Plaza exige al gobierno cambios en legislación contra violencia hacia la mujer


  • En un inédito encuentro, alcaldes de todos los partidos, junto a concejales y consejeros regionales se dieron cita junto a ONG Activa, entidad dedicada a los temas de violencia hacia la mujer, para exigir al gobierno cambios a la legislación que regula la violencia intrafamiliar.

En esa marco, el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, interpeló directamente al presidente, Sebastián Piñera, para pedir su ayuda en el cambio de la Ley: "Presidente, no queremos seguir registrando año tras año la muerte de tantas mujeres a manos de sus parejas que pudieran haberse evitado si hubiésemos legislado oportunamente los cambios urgentes que requiere la ley. Necesitamos cambiar la legislación."

Por su parte, la directora de ONG Activa, Gloria Requena, señaló que "hoy constatamos un aumento sostenido de la violencia hacia la mujer, y de sus formas más duras como el femicidio sin que la legislación sea capaz de dar respuesta a las necesidades que nos plantean las víctimas a diario y es por eso que hoy Junto a alcaldes, concejales y cores de las más diversas sensibilidades políticas nos hemos unido para luchar por los cambios a la legislación.

En la oportunidad, también se dieron cita Consejeros Regionales y Concejales quienes se sumaron a este llamado al ejecutivo para aumentar el presupuesto en materia de protección a las víctimas de violencia.

Dentro de los cambios a la ley, el alcalde Luis Plaza,  solicito dar prioridad al aumento de las sanciones en materia de violencia intrafamiliar, las cuales destacó son incluso más bajas que las de maltrato animal, pese a que estas ya eran bajas.

Además, el mandamás de Cerro Navia solicitó cambiar el tipo penal de femicidio, toda vez que este sólo reconoce como víctimas a aquellas que tienen o han tenido una relación de matrimonio o convivencia con su agresor. Del mismo modo, se requirió terminar de una vez por todas con el requisito de procedibilidad que hoy obliga a las víctimas de maltrato habitual a concurrir a un juzgado de familia, previo a tener derecho a que su causa sea vista por el Ministerio Público.

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